LOS ROMÁNTICOS Y LA EDUCACIÓN LEGAL EN EL PERÚ: RESPUESTA A PÁSARA
Por: Óscar Súmar A. (*)
El investigador LUIS PÁSARA atribuye el problema de la educación y práctica legales en el Perú a la DESREGULACIÓN y, como responsables de ésta, señala a los INTELECTUALES LIBERTARIOS que –créalo o no- existen en el Perú.
Para comenzar, un tema de principio: últimamente me he dado cuenta que este tipo de discusión [acerca de si regular o no una determinada actividad] se suelen reducir o –más propiamente- generalizar al punto de convertirse en escaramuzas [diría batallas, pero nuestra academia es muy reducida] entre las posturas libertarias y las intervencionistas. Así, los libertarios tenderán a acusar a personas como Pásara de “rojas” y éste les dirá “mercachifles” de vuelta. Este tipo de debate me resulta ocioso y estéril, aunque algunas veces –inclusive recientemente- he cometido el error de enfrascarme en él. Si algo me resulta saltante en relación a este tema, sin embargo, es el complejo de pequeñez que aqueja a los propulsores del intervencionismo. Yo tendería a pensar que ellos son más representativos de la política peruana que los libertarios y tendería a pensar, además, que han tenido mayor éxito que los libertarios, al lograr impulsar la actividad estatal en muchos ámbitos. Dados los pobres resultados alcanzados a través del intervencionismo, no los culpo, sin embargo, de querer exonerarse de responsabilidad. Por el contrario, tiendo a creer que el –desde mi punto de vista modesto- proceso de desregulación comenzado por Fujimori se explica más en el Consenso de Washington que en la ideología de nuestros escasos académicos libertarios.
Digo que el debate es ocioso porque no creo que la pregunta de si debemos establecer estándares de calidad para la educación legal se resuelva apelando a la ineficiencia de la regulación estatal –en caso ser libertario- o del mercado –en caso ser intervencionista. El debate se tiene que dar a un nivel de detalle mayor. Pásara ha tenido un acercamiento con el tema desde una perspectiva pragmática. Él ha identificado que, desde su punto de vista -y ciertamente del mío y seguramente de muchos de nuestros lectores- la educación legal es de baja calidad. El problema con su análisis es que, de esta “constatación”, directamente concluye que el tema debe ser regulado y también que debe ser regulado a través de estándares.
Existen muchos problemas en relación a esto. Primero, el que la calidad sea baja no sería un problema si es que el mercado pudiera discriminar entre buenos y malos y solo elegir a los buenos. Esto crearía un desincentivo a la creación de nuevas facultades. Sin embargo, esto no ocurre así en la realidad, porque el mercado es imperfecto. En este caso en particular se pone énfasis en la falta de información de los consumidores. Como consecuencia de esto, se saca el tema del mercado, para introducirlo en otro tipo de mercado, el mercado político. En otras palabras, se decide reemplazar al MERCADO, por NORMAS. Y ahí, con la misma certeza con la que Pásara puede concluir que el mercado no es perfecto, nosotros podemos concluir que el mercado político tampoco lo es. Los políticos tampoco tienen suficiente información, tampoco son perfectamente racionales y, por si fuera poco, están sujetos a presiones de grupos de interés que los llevan a dictar normas contrarias al interés de los consumidores en general. ¿Por qué debemos preferir las fallas del sistema político sobre las fallas del mercado? Es una pregunta que Pásara no responde.
Segundo, podemos establecer la conveniencia de una regulación como la propuesta en un nivel mayor de detalle tomando en cuenta, por ejemplo, si las personas que estudian en facultades de Derecho de “baja” calidad mejoran o no su situación por hacerlo; si mejora la situación de los clientes de estos abogados; y, si mejora la situación del país en general. ¿Preferimos tener menos profesionales o más profesionales, aunque no se dediquen a lo que efectivamente estudiaron? [Por ejemplo se podría hablar de la conveniencia en términos de nivel cultural en general]. ¿Preferimos que más personas tengan acceso a abogados de relativamente baja calidad o que no tengan acceso a abogados en absoluto?; y así. Si la situación de todas las personas involucradas mejora y, en general, concluimos que mejora la situación del país, ¿debemos basarnos en nuestra apreciación subjetiva acerca de la calidad para decir que eso está mal?
Tercero, seamos libertarios o no, todos podemos estar de acuerdo en que, por lo menos en algunos aspectos, el interés de las empresas es contrario al interés del público. Los productores siempre quieren cobrar mayores precios, los consumidores siempre queremos menores precios [manteniéndose la calidad constante]; los productores siempre quieren menos competencia, los consumidores siempre queremos la mayor cantidad de alternativas para elegir; y así sucesivamente. El fijar estándares, sobre todo cuando son fijados y administrados por los propios productores establecidos, tenderá a restringir el acceso al mercado. Esto, inexorablemente, reducirá la competencia, aumentará el precio de los servicios y desincentivará la innovación. Todas estas consecuencias son contrarias a los intereses de los consumidores. La ganancia sería que ya no serían engañados por abogados de baja calidad; pero, ¿realmente podemos asegurar que los consumidores de servicios legales de relativamente baja calidad son engañados? ¿Una persona que contrata a un abogado de S/.50 la hora y proveniente de una universidad nacional cree que éste es igual de bueno que uno que cuesta USD 100 la hora y proviene de una de las universidades privadas más prestigiosas? Si la respuesta es negativa, el costo de la regulación sigue siendo evidente, pero ya no quedan tan claros sus beneficios.
Cuarto, la administración de estándares es costosa. Para comenzar, podemos preguntarnos quién se encargará de fijarlos y quién de administrarlos. ¿Serán estándares de resultados o de obligaciones específicas? ¿Cuál será el parámetro para decir qué calidad es la adecuada, Harvard o la mejor universidad peruana? Y otra serie de preguntas que harán de esta medida más o menos adecuada, pero que, sin embargo, están en un segundo plano o simplemente no se encuentran en el discurso de Pásara.
Quinto, es verdad que existen problemas de información y de competencia en el mercado legal. Pásara atribuye estos problemas a la desregulación, sin embargo, escapa de su análisis que el mercado legal es uno ampliamente regulado: existen grandes barreras de entrada. Entre éstas, podemos contar: la pertenencia a un colegio de abogados para poder litigar y, estrechamente ligado al problema de información, la imposibilidad de hacer publicidad, tema que, inclusive, ha merecido un pronunciamiento –en contra de la restricción- de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Para Pásara, sin embargo, nada de la falta de información o competencia se explica en las trabas legales. Inexplicablemente, además, concluye, teniendo a la vista un mercado altamente regulado, que sus problemas se deben a la falta de regulación. No decimos que es imposible que los problemas del mercado de servicios legales se deban a sus aspectos desregulados; pero nos parece que existe una obligación –¿acaso moral?- de descartar la prohibición del mejor método de información en el mercado –la publicidad- como la causa de la asimetría informativa, si uno pretende argumentar que los problemas del mercado se deben precisamente a esta asimetría. [Actualización: Y aquí seguramente se dirá que los abogados sí se publicitan, ya que hay estudios de abogados que tienen páginas web y otros que aparecen en las páginas amarillas. Quien diga eso, pierde de vista que la mecánica de este tipo de prohibición consiste, precisamente, en ser querida y violada, al mismo tiempo, por las empresas. Ellas no quieren que haya publicidad en general, sin embargo siempre intentarán eludir la norma para publicitarse ellas mismas. Sin perjuicio de esto, el nivel de publicidad será notablemente más bajo que en un mercado sin prohibición].
Finalmente, hay que despertar de la ilusión romántica (1) de que el sector público puede solucionar todos los problemas. Vale darse cuenta que el mercado no es perfecto, pero también hay que tomar en cuenta los costos de la regulación. La mejor manera de hacerlo es fijarnos en los detalles, para establecer costos y beneficios, a través de trabajos empíricos. Ese trabajo, en todo caso, continúa pendiente de ser hecho en nuestro país, por lo que mal haríamos en concluir la necesidad de regular.
NOTAS
(*) Es profesor e investigador a tiempo completo en la Universidad del Pacífico, en la Facultad de Derecho. Actualmente tiene a su cargo el curso Economía y Derecho, que se dicta en la Facultad de Economía. El profesor Súmar es abogado, summa cum laude, por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha escrito decenas de artículos y participado en conferencias en las áreas de su interés: análisis económico del Derecho, regulación económica, libre competencia, derecho constitucional, derecho y desastres; entre otras. Adicionalmente, el profesor Súmar ha laborado en el Tribunal Constitucional y ha sido director de la revista Themis. Actualmente se encuentra ad portas de publicar un libro sobre regulación de la publicidad comercial en el Perú y está trabajando conjuntamente con otros expertos en un libro sobre libre competencia.
(1) “No habrá retorno a la ilusión romántica de que el sector público soluciona todos los problemas: reales, imaginarios, desarrollados o inventados”. BUCHANAN, James M. Economía Constitucional. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales. 1993. p. 48.
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