LA FÁBULA DEL MERCADO Y LA LEY [SOBRE LAS FACULTADES DE DERECHO]
Por: Luis Pásara (*)
Por: Luis Pásara (*)
Había una vez un país en el que una ley universitaria, a la par que establecía la autonomía de cada institución para gobernarse, disponía ciertos procedimientos para crear universidades y facultades dentro de ellas. Pero ese país cayó, un mal día, en manos de mercachifles, vendedores de todo tipo de baratijas, pero también de ideas.
Los MERCACHIFLES –que no vendían ideas propias sino importadas– lograron hacer creer que todos los problemas del país se solucionarían mediante el LIBRE MERCADO, cuanto más libre mejor. De modo que se llegó a creer que toda REGULACIÓN o límite impuestos por el ESTADO era perjudicial para el país. Cuanto menos interviniera el Estado, mejor, se machacó. La mejor ley es la que no existe, se atrevieron a decir algunos.
El esquema es simple y, por lo mismo, fácil de vender. El mundo está regido por la OFERTA y la DEMANDA. Desde la religión hasta la prostitución. Hay que dejar que oferta y demanda se desarrollen libremente; lo que tiene valor se venderá y aquello que no lo tiene, fracasará. Y de ese juego nos beneficiaremos todos, con los mejores productos y, gracias a la LIBRE COMPETENCIA, los adquiriremos al mejor precio, se prometía.
Algunos dijeron que las cosas no funcionaban así en los países que habían alcanzado el desarrollo. Se les respondió que eran comunistas. Otros señalaron que el propio mercado tiene “imperfecciones”. Nadie les hizo caso. Se desreguló todo lo que se pudo desregular y el país se sentó a esperar los frutos del cambio derivado de la ENTRONIZACIÓN DEL LUCRO como MOTOR SOCIAL.
Aparecieron entonces las UNIVERSIDADES con declarado ESPÍRITU DE LUCRO. Los MERCACHIFLES ESPECIALIZADOS en esta materia se rieron públicamente de quienes habían venido sosteniendo que la universidad no era una empresa. “Claro que es una empresa”, gritaron. Y explicaron que los estudios a ofrecer también deben estar regidos por la LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA.
Se beneficiaron del hecho de que, en un país pobre, donde la mayoría de quienes terminan la secundaria no tienen empleo, cada quien deposita esperanza en obtener un título profesional que mejore su capacidad competitiva en el mercado de trabajo. Esto no tiene nada que ver con el principio añejo y superado de “quien estudia, triunfa”. No. Se trata de PURA COMPETENCIA en un MERCADO “ALGO IMPERFECTO”, en el que sistemáticamente no hay trabajo para todos.
Decenas de UNIVERSIDADES –carentes de bibliotecas, que no hacen investigación, que tienen profesores sin formación a quienes pagan por hora dictada– abrieron sus puertas y ofrecieron diversos estudios profesionales. La población universitaria se multiplicó de golpe.
Los MERCACHIFLES UNIVERSITARIOS constataron que montar una facultad de medicina o una de ingeniería es caro. Se necesita laboratorios y profesores especializados. Pero establecer una FACULTAD DE DERECHO es baratísimo: un aula, un profesor con un código en la mano y una pizarra. En pocos años, las facultades de derecho florecieron en todo el país; primero, en las sedes universitarias; luego, en las llamadas filiales. En el piso superior de un mercado, en lo que había sido una sala de baile, en un garaje, en cualquier lugar se instalaron espacios para enseñar derecho.
Para que todo fuera inobjetable, los MERCACHIFLES tomaron el control de la institución que agrupa a las universidades. Se extendieron entonces autorizaciones y permisos para que todo fuera “legal”. Universidades que no habían seguido los procedimientos establecidos por alguna ley, fueron reconocidas plenamente. Las UNIVERSIDADES-NEGOCIO quedaron legitimadas.
Mientras de las universidades públicas y privadas, establecidas con el antiguo régimen, los abogados salían por decenas, de las UNIVERSIDADES-NEGOCIO salieron por cientos. Incluso algunos que no habían logrado graduarse como abogados en las universidades tradicionales, pagaron cierta suma y se graduaron en las recientes. La oferta de abogados creció.
Pero LOS CLIENTES NO SE BENEFICIARON. Porque se produjo una estratificación en la oferta profesional. Los mejores abogados, usualmente formados en las universidades tradicionales y en el extranjero, cobraban honorarios profesionales muy altos. A disposición de los sectores menos pudientes quedaron los abogados egresados de las UNIVERSIDADES MEDIOCRES, donde habían aprendido poco. Quien pagaba relativamente menos, no recibía ningún servicio efectivo de su abogado. Y lo peor es que ni siquiera lo sabía: “el saber jurídico”, que no está al alcance de los seres normales, se lo impedía.
Los COLEGIOS DE ABOGADOS no hacían nada para sancionar el incumplimiento de deberes profesionales. Sus TRIBUNALES DE HONOR condenaban tarde, mal y nunca a tanto abogado dedicado al pillaje contra sus propios clientes. Bastaba tener un título profesional para dedicarse a cobrar por no ocuparse, u ocuparse mal, de los casos que se les confiaba. Y cuando un caso se perdía, bastaba decir que la CORRUPCIÓN DEL PODER JUDICIAL LOS HABÍA VENCIDO.
Pero, un día, alguien dio la voz de alerta: “SOMOS DEMASIADOS”. La COMPETENCIA POR CONSEGUIR CLIENTES SE HABÍA PUESTO DURA. Y otro añadió: “Lo peor es que en las facultades de derecho hay un número de estudiantes de derecho que es mayor al de abogados ya en ejercicio”. “Esto hay que pararlo”, propuso un tercero. ¿Cómo? “CON UNA LEY”, coincidieron todos.
UNA LEY, NO PARA ESTABLECER ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD. Una ley, no para obligar a que las facultades de derecho pasen por un sistema de acreditación y queden fuera aquellas instituciones que son una ESTAFA. Una ley, no para introducir exigencias encaminadas a garantizar la formación de profesionales competentes.
No, UNA LEY PARA LIMITAR EL INGRESO DE MÁS COMPETIDORES A LA PROFESIÓN. La pita se rompe por lo más delgado. No más estudiantes de derecho, por unos años, y la oferta profesional se contendrá. Así, no se enmienda el gravísimo problema de tener miles de abogados que no son tales. Simplemente, por un tiempo, no habrá más abogados.
El servicio profesional no habrá mejorado pero sí se habrá concluido con la amenaza que, a los abogados existentes, plantea un mayor número de competidores. Ésa es la LEY que busca, muy tardía e insuficientemente, enmendar los EFECTOS INDESEADOS DEL MERCADO.
NOTAS
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(*) El autor es abogado, consultor internacional y autor del informe “La Enseñanza del Derecho en el Perú: su impacto sobre la Administración de Justicia”.
(1) Link del Libro “La Enseñanza del Derecho en el Perú: su impacto sobre la Administración de Justicia” de Luis Pásara
FUENTE
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