EL PERU, REQUIERE MÁS ABOGADOS ? COMPETENTES O INCOMPETENTES ?¿NECESITAMOS ABOGADOS?
Acerca del Proyecto de Ley sobre la Clausura de las Facultades de Derecho
Por ???
Acerca del Proyecto de Ley sobre la Clausura de las Facultades de Derecho
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El análisis del tema en discusión pasa por responder a estas preguntas básicas. ¿Realmente, necesitamos abogados en el Perú?, en el caso que los necesitáramos, ¿Qué clase de abogados serían los que necesitaríamos?, y finalmente, ¿Qué tendríamos que hacer para tener esa clase se abogados?
Desde una perspectiva excesivamente liberal, se podría afirmar que los abogados no son necesarios. En una sociedad absolutamente libre, donde casi no hay leyes, y las pocas leyes que hay, son sumamente simples y transparentes, y que además se encuentran perfectamente interiorizadas en la conciencia de cada uno de los individuos que conforman dicha sociedad, es evidente que no se necesitarían abogados o los que se necesitarían serían muy pocos. Pero el Perú de hoy, ¿es excesivamente liberal? La respuesta es negativa, en consecuencia podemos concluir que en el Perú los abogados son necesarios, toda vez que, en las diversas actividades de la vida diaria, personales y empresariales, públicas y privadas es inevitable lidiar con problemas cuya solución pasa por un manejo profesional de las leyes y los procedimientos que regulan dichos sucesos, y para ello nada mejor que recurrir al experto, al profesional de las leyes, esto es, al abogado.
Ahora bien, ¿qué clase de abogados son los que necesitamos?, la respuesta a esta pregunta pasa por establecer algún tipo de clasificación entre los abogados, de manera que podamos elegir de entre esas opciones; en ese sentido, tomando en consideración las ocupaciones en que se desempeñan los abogados podríamos afirmar que existen:
1) Abogados vinculados con el diseño de políticas públicas e instrumentos legales, en cuyo caso hablamos de consultores o asesores de organismos nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, y,
2) Abogados dedicados a la solución de conflictos legales. Ahora bien, dentro de este segundo grupo encontramos a:
2.1) Abogados Resolutores, esto es, abogados vinculados a las instituciones dedicadas a la Administración de Justicia, jueces, fiscales, notarios, funcionarios públicos, etc., y
2.2) Abogados Defensores o Patrocinadores, y dentro de este último grupo, considerando sus destrezas antes que sus especialidades, podemos clasificarlos entre
2.2.1) Abogados Litigantes, y,
2.2.2) Abogados Negociadores.
Resumiendo lo antes señalado, ¿qué clase de abogados necesitamos?, todos los antes descritos, porque las necesidades son diversas.
Pero entonces, ¿qué posibilidades hay para que nuestras universidades nos brinden todas esas clases de abogados? El modelo tradicional era que la universidad bajo una currícula uniforme formaba abogados en general que se pudieran desempeñar en cualquiera de las funciones y con todas las destrezas necesarias. Frente a ello han surgido las opciones de que algunas facultades opten por determinados perfiles y en consecuencia se especialicen en ese sentido. Pero también hay una posición intermedia que provee de una formación básica general y sobre ella ofrece una serie de cursos electivos en las diversas áreas, de manera que, cada uno de los alumnos luego de superar la etapa básica y general pueda elegir los cursos del área en el que desee profundizar y especializarse. Lo propio se podría hacer también con relación a las destrezas, a no ser que se considere que todas estas destrezas estén incluidas necesariamente dentro de la formación básica.
Desde una perspectiva excesivamente liberal, se podría afirmar que los abogados no son necesarios. En una sociedad absolutamente libre, donde casi no hay leyes, y las pocas leyes que hay, son sumamente simples y transparentes, y que además se encuentran perfectamente interiorizadas en la conciencia de cada uno de los individuos que conforman dicha sociedad, es evidente que no se necesitarían abogados o los que se necesitarían serían muy pocos. Pero el Perú de hoy, ¿es excesivamente liberal? La respuesta es negativa, en consecuencia podemos concluir que en el Perú los abogados son necesarios, toda vez que, en las diversas actividades de la vida diaria, personales y empresariales, públicas y privadas es inevitable lidiar con problemas cuya solución pasa por un manejo profesional de las leyes y los procedimientos que regulan dichos sucesos, y para ello nada mejor que recurrir al experto, al profesional de las leyes, esto es, al abogado.
Ahora bien, ¿qué clase de abogados son los que necesitamos?, la respuesta a esta pregunta pasa por establecer algún tipo de clasificación entre los abogados, de manera que podamos elegir de entre esas opciones; en ese sentido, tomando en consideración las ocupaciones en que se desempeñan los abogados podríamos afirmar que existen:
1) Abogados vinculados con el diseño de políticas públicas e instrumentos legales, en cuyo caso hablamos de consultores o asesores de organismos nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, y,
2) Abogados dedicados a la solución de conflictos legales. Ahora bien, dentro de este segundo grupo encontramos a:
2.1) Abogados Resolutores, esto es, abogados vinculados a las instituciones dedicadas a la Administración de Justicia, jueces, fiscales, notarios, funcionarios públicos, etc., y
2.2) Abogados Defensores o Patrocinadores, y dentro de este último grupo, considerando sus destrezas antes que sus especialidades, podemos clasificarlos entre
2.2.1) Abogados Litigantes, y,
2.2.2) Abogados Negociadores.
Resumiendo lo antes señalado, ¿qué clase de abogados necesitamos?, todos los antes descritos, porque las necesidades son diversas.
Pero entonces, ¿qué posibilidades hay para que nuestras universidades nos brinden todas esas clases de abogados? El modelo tradicional era que la universidad bajo una currícula uniforme formaba abogados en general que se pudieran desempeñar en cualquiera de las funciones y con todas las destrezas necesarias. Frente a ello han surgido las opciones de que algunas facultades opten por determinados perfiles y en consecuencia se especialicen en ese sentido. Pero también hay una posición intermedia que provee de una formación básica general y sobre ella ofrece una serie de cursos electivos en las diversas áreas, de manera que, cada uno de los alumnos luego de superar la etapa básica y general pueda elegir los cursos del área en el que desee profundizar y especializarse. Lo propio se podría hacer también con relación a las destrezas, a no ser que se considere que todas estas destrezas estén incluidas necesariamente dentro de la formación básica.
Ahora bien, pero ¿cómo conseguir que el sistema educativo nos proporcione esos resultados? Existen dos soluciones opuestas, 1) Apelamos a una regulación detallada y exhaustiva que establezca cómo hacerlo o 2) Desregulamos y liberalizamos para que el mercado se encargue de seleccionar lo deseado.
Pero sucede que una regulación que no ha considerado en la elaboración de sus disposiciones las particularidades del mercado existente, por definición, es una regulación deficiente, pues estaría elaborada sin tomar en cuenta la realidad que pretende regular; contrariamente, un mercado sin regulación, sería como un caballo desbocado, podría correr muy rápido, pero también podría desbarrancarse en cualquier momento, de manera que, aun los caballos requieren cuando menos de un par de estribos y sólidas riendas que permitan conducirlos con firmeza pero sin dañarlos ni ahorcarlos; de manera que, unas buenas riendas pulsadas con destreza aseguran una buena conducción.
Por lo demás, contra la común idea de que el mercado y la competencia siempre han de decantar a los mejores abogados, a los más preparados, a los que cumplen con los estándares de calidad y rendimiento; les puedo asegurar que el mercado, e inclusive las instituciones públicas reconocidas, también demandan abogados y demás profesionales, comprobadamente mediocres, pusilánimes y genuflexos, fáciles de atarantar y de asustar, para que así puedan firmar cualquier barbaridad que los corruptos manipuladores deseen, tales como balances y estados financieros fraudulentos, recursos impugnativos dilatorios y maliciosos, resoluciones inverosímiles e ilegales, etc.
Muchos demandantes de servicios legales no buscan al abogado que proponga y busque las mejores soluciones, las más justas y razonables, hay quienes pretenden ganar a toda costa, sin reparar en la legalidad de los medios, de manera que, buscan abogados a quienes puedan instrumentar con tales propósitos y ellos por definición no son los mejores.
En consecuencia, pretender que el mercado actuando por si solo nos proporcione los mejores abogados, es una quimera, sin que por ello nuestra propuesta signifique que neguemos o rechacemos el mercado. El mercado y la competencia son valiosos, de eso no hay ninguna duda, pero la competencia debe estar precedida de valores y de una motivación que señalen claramente el rumbo y la orienten hacia la mejora noble y positiva, ya que de lo contrario, la competencia también nos podría proporcionar delincuentes más sutiles e inubicables y precisamente por ello más perversos e indeseables.
Para terminar, regresemos sobre la pregunta inicial, ¿hay muchos abogados que hace necesario cerrar las facultades de derecho? No. El abogado es el operador del derecho que con su trabajo debe contribuir a la realización de la justicia, siendo la Ley el instrumento para ello. En el Perú hay tanta injusticia que no nos sobran abogados, por el contrario nos faltan abogados y muchos, pero abogados de los buenos, de los mejores, que sean capaces de decir que NO, cuando lo que se les proponga sea una ilegalidad. Se dice que en el país hay alrededor de 100 mil abogados y que esto excedería la demanda, sin embargo, a juzgar por los resultados, los verdaderos abogados son muchísimo menos que los que señala la cifra antes mencionada, de manera que, a delincuentes, aun cuando tengan su cartón y su CAL (“coleguitas”) no podemos seguir llamando abogados, hay que llamarlos por su nombre, corruptos, delincuentes. Lejos de pretender cerrar nuestras facultades de derecho, lo que debiéramos hacer es fortalecerlas para que tengamos más y mejores abogados tal como nuestra sociedad lo requiere.
En consecuencia, pretender que el mercado actuando por si solo nos proporcione los mejores abogados, es una quimera, sin que por ello nuestra propuesta signifique que neguemos o rechacemos el mercado. El mercado y la competencia son valiosos, de eso no hay ninguna duda, pero la competencia debe estar precedida de valores y de una motivación que señalen claramente el rumbo y la orienten hacia la mejora noble y positiva, ya que de lo contrario, la competencia también nos podría proporcionar delincuentes más sutiles e inubicables y precisamente por ello más perversos e indeseables.
Para terminar, regresemos sobre la pregunta inicial, ¿hay muchos abogados que hace necesario cerrar las facultades de derecho? No. El abogado es el operador del derecho que con su trabajo debe contribuir a la realización de la justicia, siendo la Ley el instrumento para ello. En el Perú hay tanta injusticia que no nos sobran abogados, por el contrario nos faltan abogados y muchos, pero abogados de los buenos, de los mejores, que sean capaces de decir que NO, cuando lo que se les proponga sea una ilegalidad. Se dice que en el país hay alrededor de 100 mil abogados y que esto excedería la demanda, sin embargo, a juzgar por los resultados, los verdaderos abogados son muchísimo menos que los que señala la cifra antes mencionada, de manera que, a delincuentes, aun cuando tengan su cartón y su CAL (“coleguitas”) no podemos seguir llamando abogados, hay que llamarlos por su nombre, corruptos, delincuentes. Lejos de pretender cerrar nuestras facultades de derecho, lo que debiéramos hacer es fortalecerlas para que tengamos más y mejores abogados tal como nuestra sociedad lo requiere.
FUENTE
http://blogcristalroto.wordpress.com/2010/06/01/la-educacion-legal-y-los-zarramplines/#comments
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En España...
ResponderEliminarLA DEFENSA DE JAVIER DE LA ROSA. INFORME FINAL.
LXI. JUICIO A LA CORRUPCIÓN EN LA DELEGACIÓN DE HACIENDA DE BARCELONA.
Rafael del Barco Carreras
Sesión 3-06-10. Francesc Jufresa, abogado defensor, no admite culpa alguna para su patrocinado Javier, como aceptara el abogado Melero con el acusado Huguet por los ingresos en Suiza. Argumenta con la contundencia que le es propia que Javier de la Rosa, ni era el máximo ejecutivo del Grupo Torras (un tercer vicepresidente) ni conocía sobre las operaciones en sociedades en que ni siquiera tenía poderes, y ni se demostraba durante el juicio su directa intervención.
Denominador común, de nuevo contra el malo, Juan José Folchi, el chivato en Londres. Cuentan en uno de tantos libros sobre Javier que cuando salió en libertad con fianza por el caso Torras-KIO amenazara de muerte entre otros a Folchi, y puesto que está vivo, pues a cargarle los delitos de los que acusan a los dos. Un abogado y asesor fiscal omnipresente. ¡El personaje se lo merece! Pero no todo lo decidiría Folchi. Decenas de miles de millones, facturas y recibos falsos, ingresos en Suiza, compras y ventas de acciones, o sobornos a inspectores. Jufresa añadió además que en el Grupo ejercían varios altos ejecutivos que decidían, citando entre otros a Alierta, actual Presidente de Telefónica.
Oír al apabullante Francesc Jufresa ¡no lo puedo evitar! me retrotrae a cuando en sus inicios, hace casi 30 años, le conocí estando en prisión. Había contratado a su socio o jefe, Gonzalo Quintero Olivares, en sustitución de Luis Pascual Estevill. No está de más repetirme. Llevaba dos años en prisión preventiva cuando descubrí que un recurso al Supremo, uno de los argumentos de Pascual justificando mi irregular situación, no existía. En el Supremo, al que sospechando envié otro abogado, no se había presentado recurso alguno. Meses después la prensa publicó que una mujer de la limpieza lo tirara a la papelera. Muy propio de los amorales en cuyas manos había caído. Ver EL PAÍS f. 8-03-1983, o en “Barcelona, 30 años de corrupción” pag. 431.
Otro año hasta el juicio. Tampoco Gonzalo Quintero y Francesc Jufresa consiguieron mi libertad con fianza. Todos los casos económicos de entonces ¡y fueron muchos y con centenares de acusados!, como el de la “seguridad social” con 40 detenidos, actuando de abogados, entre otros, Pascual y Juan Piqué Vidal, obtenían la libertad, excepción de los tres del Consorcio de la Zona Franca. Resumiendo, desde entonces los abogados son para mí una especie o profesión nefasta, inútil y corrupta. En mi caso, sin abogado, defendiéndome yo mismo que no lo soy, no me hubiera ido peor. Debería ser libre, como en tantos países, la elección o no de letrado defensor. Y en este juicio se sienta en el banquillo la causa y base de lo sucedido, Javier de la Rosa y sus macro estafas. De él, sus abogados, políticos y jueces.
Que le defienda Jufresa, que repito, me defendió en dos juicios, uno absuelto y otro condenado a siete años por falsedad y estafa, es una casualidad un tanto amarga. Como fuera muy amargo saber por la prensa que Gonzalo Quintero, su socio, formaba parte de los íntimos de Luis Pascual Estevill, compinche y colega a su vez de Juan Piqué Vidal, mi primer abogado en el caso Consorcio. Error tras error. Que pasados 30 años no crea en casualidades, y si en mucha corrupción, parece lógico.
Base para la actual defensa de su cliente la tiene sobrada. Fiscalía fabula más que prueba, y desmenuzando las supuestas pruebas, retazos de un puzle donde falta, por robo a la propia Hacienda, o por vaciado y exculpaciones en el sumario durante los diez años de instrucción, y otros diez de expedientes anteriores, más parece la papelera del Supremo donde dicen tiraron el recurso que propiciaría mi libertad con fianza, que un concienzudo estudio de investigación.
Continuará el lunes…